Geraldina González de la Vega, presidenta del Copred, indica que ante las denuncias de discriminación se ha buscado más la orientación de justicia restaurativa.
Pertenecer a un grupo indígena, ser gay, ser mujer o tener cierta tonalidad de piel son las circunstancias más identificadas en la capital del país de México para ser víctima de discriminación, de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred).
La penalización de este delito ha sido casi nula en la CDMX. De noviembre de 2011 a mayo de 2021, solo 88 personas han sido consignadas y apenas cuatro han recibido sentencia, tres de ellas condenatorias, según informó Rafael Guerra Álvarez, presidente del poder Judicial de la Ciudad de México, durante el Foro Hacia una reparación para las víctimas de discriminación, realizado el pasado 4 de febrero.
De acuerdo con el registro de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), disponible en el portal Datos CDMX, de 2016 a 2020, se han iniciado 2,379 carpetas de investigación.
Con una estadística baja en las instancias de justicia, durante los últimos meses, las denuncias por discriminación han encontrado espacio en las redes sociales. Ahí se expusieron los casos de una pareja gay por besarse en Six Flags; de la actriz Alejandra Vogue, quien fue agredida verbalmente en un Verificentro por ser una mujer trans y de Brígida Ricardo, mujer otomí a quien se le impidió acceder a un sanitario en el restaurante de Casa Lamm.
El Copred ha estado a cargo de los casos de particulares, mientras que la Comisión de Derechos Humanos ha recibido las denuncias en contra de los servidores públicos e instituciones de gobierno.
Geraldina González de la Vega, presidenta del Copred, indica que ante las denuncias de discriminación se tiene una orientación de justicia restaurativa, a través de la cual, en lugar de buscar la sanción, el objetivo es la reparación del daño y la no repetición.
“Esto es, una justicia que tienda a la conciliación, que tienda a las medidas de reparación hacia la propia víctima; pero sobre todo, que se enfoque en la responsabilidad de quien discriminó”, explica en entrevista con Expansión Política.
El Copred lleva entre la víctima y la parte denunciada audiencias de conciliación, donde se escucha para llegar a la reparación del daño en lo individual y colectivo, así como garantizar medidas de no repetición que pueden incluir una disculpa pública y la revisión de medidas de política interna.
Sin embargo, González de la Vega reconoce que en ocasiones no se llega a este objetivo. Cuando la parte denunciada rechaza una conciliación, se inicia una investigación y en caso de considerar que sí se cometió un acto de discriminación, se emite una opinión jurídica al respecto.
“Los obstáculos los podríamos ver como la no disposición a la conciliación, lo cual nos obliga a abrir una etapa de investigación para allegarnos de pruebas. Si bien no es vinculante, sí tiene fuerza de ley, esta opinión jurídica sirve para poder accionar en los ámbitos jurisdiccionales las vías que consideren las víctimas”, explica.
González de la Vega señala que son pocos los casos que se judicializan debido a que la tipificación en el Código Penal de la discriminación como un delito no sirve actualmente.
“Como está construido ahora el Artículo 206 (del Código Penal) claramente no sirve, es una norma ineficaz, es una norma mal hecha. Técnicamente carece de los elementos que tiene que tener un tipo penal y por esta razón la verdad es que de todas las denuncias que se presentan difícilmente logran judicializarse y las que han logrado judicializarse muy pocas de esas han logrado sentencias condenatorias”, sostiene González de la Vega.
Un nuevo marco normativo frente a la discriminación
En el Congreso de la Ciudad de México una reforma a siete legislaciones diferentes, incluido el Código Penal, se propone asentar un nuevo marco para la comisión de este delito.
La reforma, presentada por los diputados de Morena, Temístocles Villanueva y Ana Francis Mor, deberá ser discutida en comisiones del Congreso con acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.